La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante su visita a Cúcuta, se refirió desde la Quinta Teresa a la reciente decisión del Gobierno nacional de establecer una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, Catatumbo. Aunque reconoció la legitimidad de la medida en el marco de la Paz Total, manifestó su preocupación por el contexto de seguridad en la región.  

Marín Ortiz advirtió que, según la información pública disponible, la ZUT se implementaría sin un proceso de dejación de armas por parte de los grupos armados presentes en la zona. Esto, señaló, podría exacerbar las tensiones en un territorio donde persiste el conflicto entre el ELN y las disidencias del Frente 33, aumentando el riesgo para las comunidades, muchas de ellas históricamente estigmatizadas y vulnerables.  

“Más que objetar la decisión, que se enmarca en la Paz Total y cuenta con respaldo jurídico, hacemos un llamado a que se evalúen a fondo los riesgos”, afirmó la defensora. Reiteró la importancia de garantizar que la medida no agrave la situación de la población civil en medio de un escenario de confrontación armada activa.  

La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a adoptar acciones preventivas que protejan a las comunidades y aseguren que la ZUT contribuya efectivamente a la paz en el Catatumbo. El llamado busca evitar que la iniciativa, pese a su propósito, termine profundizando la crisis humanitaria en una de las regiones más afectadas por el conflicto.  

Con esta advertencia, el organismo espera que se refuercen las garantías de seguridad y derechos humanos antes de avanzar en la implementación de la zona temporal.