Este jueves, altos funcionarios del Estado se refirieron a los desafíos financieros y logísticos que implicaría la consulta popular que el presidente Gustavo Petro busca impulsar para respaldar sus reformas sociales. Durante el foro "Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la transparencia", organizado por CAMBIO, el registrador nacional, Hernán Penagos, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y el procurador Gregorio Eljach expusieron sus preocupaciones sobre el costo y el calendario electoral.  

Consultas no pueden coincidir con elecciones

El registrador Penagos advirtió que, según la Ley 1757, la consulta popular no puede realizarse en simultáneo con otros procesos electorales. "Prácticamente, Colombia va a estar tres años en permanente proceso electoral. Esto implica no solo recursos y proveedores, sino un impacto profundo en la democracia", señaló.  

Preocupación por el alto costo

Por su parte, el contralor Rodríguez alertó sobre el elevado costo de la consulta en un escenario de restricciones fiscales. "Estamos hablando de $700.000 millones, mientras el Estado tiene otras obligaciones, como el pago de deuda. Si el recaudo falla, se gastaría más de lo debido", afirmó.  

El Congreso tendrá la última palabra  

El procurador Eljach recordó que la decisión final recae en el Senado. "Hay un plazo razonable para discutirlo, y las mayorías definirán si se habilita la consulta", dijo. Además, destacó que el Gobierno debe persuadir a los legisladores para lograr su aprobación.  

Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de la consulta para impulsar sus reformas, las advertencias de los organismos de control marcan un debate clave sobre su viabilidad en medio de desafíos presupuestarios y legales.