El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que el Consejo de Estado admitiera una tutela en contra de los consejos de ministros televisados, bajo el argumento de que afectarían el derecho a la libertad de información de los ciudadanos.  

A través de su cuenta en X, el mandatario cuestionó la decisión y acusó a los contratistas del Estado de buscar censurarlo. “Es decir que los contratistas del Estado quieren censurar al presidente”, escribió.  

En una serie de mensajes, Petro comparó su situación con la de su antecesor, Iván Duque, y aseguró que hay un intento por silenciar su gobierno. “Duque sí podía salir todos los días en TV y no había problema. Empezaron diciendo que el consejo transmitido era un circo y ahora están tan asustados que quieren censurarlo”, señaló.  

Además, el jefe de Estado defendió el derecho a la pluralidad informativa: “Esto está bueno, el pluralismo informativo y el derecho a la verdad que ordena la Constitución, en vilo. Sabremos por fin los colombianos si la democracia informativa es posible bajo nuestra Constitución y nuestra ley, o lo que se desarrolla es el linchamiento del presidente porque es progresista”.  

En otro tuit, Petro sostuvo que “solo querían que se escuchara una voz, la de los dueños del capital, les asusta la información del Gobierno del cambio”.  

Canales privados, vinculados al proceso  

Tras la admisión de la tutela, el Consejo de Estado vinculó como terceros interesados a los canales Caracol Televisión, RCN y Canal UNO, cuyas programaciones se han visto afectadas por la transmisión de los consejos de ministros en horarios prime. Las cadenas tendrán que presentar sus argumentos frente a lo planteado en la acción legal.  

La accionante, cuya identidad no ha sido revelada, alega que estos espacios vulneran el derecho a la información al ocupar franjas clave de programación en medios privados sin garantizar pluralidad.  

El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre el derecho del Gobierno a informar y la libertad de prensa en Colombia. Mientras el Ejecutivo insiste en que busca transparencia, sus críticos denuncian un uso político de los medios públicos.  

Se espera que en los próximos días el Consejo de Estado avance en el estudio de la tutela, que podría sentar un precedente sobre los límites de la difusión oficial en medios de comunicación.