El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunció amenazas, persecución y represalias contra los ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.  

En la misiva, Gaviria alertó sobre “preocupantes ataques, amenazas y actos de persecución” que habrían sufrido los congresistas tras su decisión de apoyar públicamente el archivo de la reforma. “Han escalado hasta niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los congresistas y sus familias”, afirmó el exmandatario.  

Uno de los casos más destacados es el del senador liberal Miguel Ángel Pinto, cuya hija, Silvia Pinto Vargas, fue despedida del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Gaviria calificó este hecho como una “represalia política” por parte del Gobierno Nacional. Además, denunció que el senador Pinto ha sido objeto de señalamientos sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares, lo que, según Gaviria, busca “destruir su buen nombre”.  

Sin embargo, el expresidente advirtió que la persecución no se limita a Pinto. Otros senadores que firmaron el archivo de la reforma laboral también habrían recibido amenazas y presiones. Entre ellos se encuentran Honorio Henríquez, Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade, Nadia Blel (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA).  

“Más preocupante aún es que estas amenazas no provienen de sectores aislados, sino que parecen estar impulsadas por una estrategia de gobierno que, en lugar de promover el debate democrático, ha optado por la estigmatización y la persecución de quienes se oponen a sus reformas”, señaló Gaviria en su carta.  

El director del Partido Liberal pidió a la CIDH que intervenga de manera urgente para exigir al Estado colombiano que garantice la seguridad de los congresistas y sus familias. “Es imperativo que se adopten medidas de protección inmediatas para evitar cualquier tipo de agresión contra ellos y que se investiguen de manera rigurosa las amenazas y actos de persecución que han sufrido”, sostuvo.  

La denuncia de Gaviria pone en evidencia la tensión política que rodea el trámite de las reformas impulsadas por el gobierno de Petro, así como los riesgos que enfrentan los congresistas que se oponen a ellas. La situación ha generado un amplio debate sobre el respeto a la oposición y la garantía de los derechos políticos en el país.  

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones presentadas por Gaviria ante la CIDH.