El recinto de la Asamblea Departamental fue escenario de un intenso debate de control político sobre el proyecto 'Casanare Educa', que entregó 17.158 tablets a estudiantes y docentes de 14 municipios. Mientras el secretario de Educación, Diego Fernando Ardila Plazas, defendió la transparencia de la inversión —valorada en $27.722.120.550 provenientes del Sistema General de Regalías—, el diputado Jorge Eduardo García anunció una denuncia ante la Contraloría y Procuraduría por presuntos sobrecostos de $3.600 millones.
Respuestas y controversias
Ardila Plazas aseguró que el proyecto cumplió con todas las normativas y mejoró el acceso a tecnología, pasando de una tablet por cada cinco estudiantes a una por cada dos. Sin embargo, García cuestionó la falta de ajustes al presupuesto, la omisión en el pago de estampillas pro desarrollo (que destinaban recursos a adultos mayores, educación y cultura), y señaló que el secretario "se quedó corto en las respuestas" al no explicar las diferencias de precios en contratos idénticos ejecutados por el mismo proveedor con la Gobernación y la Alcaldía de Yopal.
Voces a favor y en contra
Directivos como Berceli Suárez, rector de la Institución Educativa Fabio Riveros, elogiaron el proyecto: "Antes recibimos equipos sin capacitación que hoy son obsoletos". Estudiantes como Narly Rodríguez destacaron su utilidad: "Las tablets facilitaron nuestro aprendizaje". No obstante, García reveló documentos que sugieren irregularidades, como la coincidencia entre la llegada de las tablets (27 de mayo) y el cierre del proyecto (28 de mayo), además de software con precios inflados en $620 millones.
Mientras la Secretaría de Educación reiteró su disposición a aclarar dudas, el diputado García insistió en que los entes de control deben investigar posibles faltas disciplinarias y fiscales. "Aquí hubo desviación de recursos y violación al estatuto de rentas", afirmó, refiriéndose a los $2.000 millones de estampillas no pagadas. El caso podría escalar a rendiciones financieras y pérdida de destinación específica para sectores sociales.
El debate dejó en evidencia la polarización alrededor de un proyecto que, pese a su impacto educativo, enfrenta serias acusaciones de opacidad.
