El concejal Leonardo Infante Tovar anunció que la Procuraduría Regional de Casanare se pronunció dentro de una acción popular interpuesta por él y otros Concejales de Yopal, con el objetivo de proteger los derechos de la comunidad frente al polémico proceso de actualización catastral adelantado en el municipio.

En un documento oficial, el procurador regional de Instrucción, Juan Pablo Rincón Camacho, advirtió serias irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la empresa CATASIG S.A.S., contratista del proceso. El funcionamiento del catastro multipropósito, que debería servir como base para una gestión territorial transparente y un cobro justo de impuestos, está bajo cuestionamiento.

El procurador Rincón Camacho señaló que, en múltiples casos, el cobro del impuesto predial para 2025 no se ajusta a la realidad de los inmuebles. Entre las fallas detectadas se destacan:

• Falta de verificación real: La identificación del avalúo no consultó debidamente la existencia física y las características reales de los predios.
• Destinación económica ignorada: No se consideró adecuadamente el uso económico real de las propiedades, lo que incide directamente en su valoración.
• Avalúos desproporcionados: Se evidencian casos extremos, como un predio que pasó de estar avaluado en $4.625.000 a $187.248.000 para el año 2025, sin una justificación clara que se ajuste al mercado inmobiliario local, el estrato o la ubicación.
• Falta de participación ciudadana: El componente social del catastro, que garantiza la participación de la comunidad y las organizaciones sociales, no se cumplió a cabalidad, afectando la transparencia del proceso.

Frente a esta situación, la Procuraduría solicitó al Tribunal Administrativo de Casanare:

1. Amparar los derechos colectivos de los yopaleños que se ven amenazados por un posible cobro injusto del impuesto y por las fallas en la ejecución del convenio con CATASIG.

2. Ordenar que se realice una nueva caracterización de todos los predios, tanto urbanos como rurales del municipio de Yopal, en un plazo prudencial. Este nuevo estudio debe aplicar criterios objetivos y bases reales que reflejen fielmente la situación de cada propiedad.

El pronunciamiento del Ministerio Público pone en evidencia una posible vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, al sugerir que el proceso no se rigió por los principios de legalidad, transparencia y eficiencia que deben guiar la gestión pública y el manejo de los recursos de la comunidad.

El caso continúa su trámite en el Tribunal Administrativo, a la espera de un fallo que defina el futuro de la actualización catastral en la capital casanareña.