Un controversial rechazo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental de Casanare ha dejado en el aire la financiación de decenas de programas sociales, de salud, infraestructura y atención a emergencias, afectando directamente a la población más vulnerable del departamento.
Por medio de cuatro votos en contra, los diputados archivarion el Proyecto de Ordenanza 015 de 2025, que buscaba incorporar más de 133 mil millones de pesos del superávit del año 2024 al presupuesto vigente. Estos recursos estaban destinados a financiar áreas sensibles como la alimentación escolar, la atención a la ola invernal, el fortalecimiento de la salud y obras de infraestructura vial.
Gobernador habla de "odio y revanchismo político"
La reacción del mandatario seccional, César Ortiz Zorro, no se hizo esperar. Desde sus redes sociales y en declaraciones a medios, rechazó enérgicamente la decisión, calificándola como un "acto de odio que golpea directamente a la comunidad".
“Un sector de la Asamblea Departamental ha condenado al pueblo de Casanare a padecer las consecuencias de un odio y revanchismo político”, afirmó Ortiz Zorro. Aseguró que esta negativa "no solo afecta a un gobierno, sino que hiere a todos los sectores" al privarlos de recursos indispensables para atender necesidades críticas.
Programas sociales y de salud, en la cuerda floja
La lista de proyectos afectados es extensa y de alto impacto. Según detallaron las autoridades departamentales, la negativa pone en riesgo:
- El Plan de Alimentación Escolar (PAE) para los niños.
- Los paquetes nutricionales para más de 16.000 adultos mayores.
- El fortalecimiento de la Unidad Renal del Hospital Orinoquense (HORO).
- La respuesta frente al brote de fiebre amarilla.
- La atención inmediata a las emergencias por la ola invernal.
- La compra de equipos biomédicos.
- El mantenimiento de sedes educativas y el mejoramiento de vías.
Funcionarios defienden legalidad del proyecto y acusan falta de voluntad
Desde el equipo de gobierno, respaldaron la legalidad de la iniciativa y aseguraron que no había obstáculos técnicos para su aprobación.
Gloria Lucía Rivera, secretaria de Hacienda, fue contundente: “La iniciativa no tenía impacto fiscal y todas las observaciones habían sido resueltas. Hubo negligencia y falta de voluntad”. Una postura que fue respaldada por el director de Planeación Departamental, Alfonso Cárdenas, quien lamentó que en el proceso "no hubo errores ni fallas técnicas, simplemente no hubo voluntad".
Por su parte, la gestora social, Diana Soler, confirmó el duro golpe a la población vulnerable y anunció una campaña para intentar mitigar la falta de los paquetes nutricionales para los adultos mayores, aunque advirtió que los recursos propios de su oficina son limitados.
Con esta decisión, los recursos destinados a estos sectores estratégicos permanecen represados, dejando a miles de familias casanareñas sin las soluciones inmediatas que esperaban y frenando en seco programas que, se asegura, ya contaban con financiación asegurada. El futuro de estos proyectos ahora depende de una posible reconsideración de la plenaria de la Asamblea o de futuras negociaciones políticas.
