La Federación Nacional de Departamentos (FND) lanzó una alerta contundente al Gobierno nacional tras la instrucción presidencial del 16 de marzo de 2026, que ordenó a los Ministerios de Salud y Hacienda proceder con la liquidación de todas las EPS en quiebra. Según los gobernadores del país, la decisión carece de un plan de transición territorial que permita proteger los hospitales públicos, garantizar la continuidad en la atención de los afiliados y evitar que miles de pacientes queden desprotegidos, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, de alto costo o que dependen de tratamientos permanentes. En palabras de la gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la FND, Rafaela Cortés Zambrano, “no podemos permitir que el sistema de salud sea transformado de manera radical en el último año de Gobierno, sin un plan técnico verificable, sin consultar a los territorios y sin proteger a los hospitales públicos que son los únicos que atienden a los colombianos más pobres cuando las EPS fallan”.
El riesgo, advierten los mandatarios, no es únicamente financiero o administrativo. Una liquidación sin una transición ordenada pone en peligro la continuidad real de la atención para miles de pacientes en las regiones. Pacientes oncológicos, renales, cardiovasculares, con enfermedades huérfanas o que requieren medicamentos especializados podrían quedar expuestos a interrupciones en autorizaciones, entrega de medicamentos, remisiones, procedimientos y controles médicos, con consecuencias graves para su salud y su vida. La situación se agrava en municipios de Nariño, Caquetá, Cauca, Huila, Córdoba, la Costa Caribe y los territorios de frontera, donde las EPS intervenidas son el único asegurador disponible para poblaciones rurales y dispersas. En esos territorios, la liquidación sin alternativa equivale, en la práctica, a la suspensión del derecho a la salud.
Los datos del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025 revelan la magnitud del riesgo financiero que enfrenta la red pública: las ocho EPS intervenidas adeudan 10,6 billones de pesos solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante, pues en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas en el SIHO, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable. En ese contexto, si seis de estas ocho EPS llegaran a ser liquidadas como pretende el Gobierno, los hospitales públicos podrían enfrentar pérdidas efectivas de entre 3,6 y 4,5 billones de pesos en cartera prácticamente incobrable. Esa cifra equivale a entre el 33 % y el 47 % de toda la cartera hospitalaria pública nacional y representa, en la práctica, la diferencia entre la viabilidad y el colapso financiero de decenas de Empresas Sociales del Estado departamentales y municipales en todo el territorio.
Ante esta situación, la Federación Nacional de Departamentos formuló al Gobierno nacional ocho requerimientos para que el proceso de liquidación de EPS sea viable, legítimo y constitucional. El primero es la instalación urgente de una mesa de coordinación nación-territorio que produzca, antes de cualquier acto administrativo de liquidación, un diagnóstico territorializado del impacto y un plan de contingencia diferenciado por departamento, con medidas específicas para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, en especial de aquellos con enfermedades crónicas, de alto costo o tratamientos permanentes. El segundo es la protección de la cartera hospitalaria pública mediante un acto administrativo vinculante que evite que los hospitales asuman pérdidas millonarias, pues sin este mecanismo la liquidación significará para los hospitales públicos departamentales la pérdida contable de miles de millones de pesos que hoy figuran como activos en sus balances, comprometiendo su capacidad para seguir prestando servicios oportunamente.
Como tercer requerimiento, los gobernadores exigen que antes de liquidar cualquier EPS, el Gobierno nacional certifique que en el respectivo departamento existe un asegurador alternativo habilitado, con red de prestación suficiente y capacidad financiera probada, que pueda recibir a los afiliados trasladados sin interrumpir sus tratamientos. El cuarto punto es la expedición de un acto administrativo formal sobre la deuda de la Nación con la Nueva EPS, que precise el monto exacto que el Gobierno reconoce como deuda propia, la fuente de financiación, el cronograma de pago y los mecanismos de seguimiento, brindando así certeza jurídica a los hospitales públicos que son acreedores de esta entidad. El quinto requerimiento se refiere a la distribución proporcional de responsabilidades en las EPS de economía mixta, advirtiendo que los departamentos y distritos no disponen de recursos extrapresupuestales para absorber la totalidad de esas deudas sin afectar otras competencias constitucionales prioritarias.
En sexto lugar, la FND solicitó que cualquier proceso de liquidación sea diseñado con suficiente gradualidad, teniendo en cuenta que el próximo 7 de agosto de 2026 inicia un nuevo mandato presidencial, para que el Gobierno entrante pueda gestionarlo con plena información sin heredar hechos consumados irreversibles que limiten sus opciones de política pública en salud. El séptimo requerimiento exige transparencia y claridad sobre el modelo de acceso a medicamentos y giro directo anunciado por el presidente, solicitando que se describa con detalle técnico verificable quién define la fórmula, con qué criterios de territorialización se asignarán los recursos, qué garantías tiene el giro directo para los hospitales públicos de zonas rurales y alejadas, y qué ocurre en el período de transición mientras el modelo aún no está operativo, advirtiendo que los hospitales públicos no pueden seguir prestando servicios sobre la base de promesas no reglamentadas.
Finalmente, la FND solicitó garantizar la continuidad de la atención integral de todos los colombianos mediante la reorganización del sistema de salud, colocando a los pacientes como el principal eje de la garantía de los derechos en cumplimiento de la Constitución Política y demás normas. “Los gobernadores reconocemos la gravedad de la crisis financiera de las EPS intervenidas y no ignoramos que muchas de ellas no son sostenibles —declaró la gobernadora Cortés Zambrano—. Pero lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial”. La Federación Nacional de Departamentos insistió en que la salud no admite vacíos de transición, pues para los pacientes crónicos y de alto costo cada día sin medicamentos, sin autorización o sin atención especializada puede significar un deterioro irreversible en su condición de salud, por lo que cualquier decisión sobre la liquidación de EPS debe partir de una planeación responsable, seria, territorializada y centrada en la protección efectiva de los pacientes.
