Gobierno Nacional debe decidir sobre prórroga del cese de operaciones en El Catatumbo
Defensoría del Pueblo respalda solución negociada pero advierte riesgos para la población civil
Por Angie Pérez
Publicado en 19/05/2025 07:46
Colombia

El Gobierno nacional tiene hasta hoy para definir si prorroga el cese de operaciones ofensivas contra las disidencias del Frente 33 de las FARC en la región de El Catatumbo. Paralelamente, se discute la creación de una zona de ubicación temporal para la concentración de este grupo y el manejo de sus armas, en medio de un complejo escenario de confrontación con el ELN en la zona.  

 

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, respaldó la búsqueda de una salida pacífica y negociada con el Frente 33 y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBBF), pero instó al Estado a garantizar que cualquier medida no incremente los riesgos para la población civil.  

 

Preguntas clave para evitar un agravamiento del conflicto  

 

En un comunicado, la Defensoría planteó inquietudes críticas al Gobierno:  

 

1. Protección de la zona vs. ventajas militares:  

   - ¿Cómo evitar que la zona de ubicación temporal se convierta en una ventaja estratégica del Frente 33 frente al ELN?  

   - El Estado debe asegurar que su presencia proteja a la población de ambos grupos armados.  

 

2. Riesgos de un cese unilateral:  

   - Si no hay un cese bilateral de hostilidades ni compromisos claros del Frente 33 para respetar a la población civil, líderes sociales y el medioambiente, ¿cómo se verificará que no usen la zona para:  

     - Expandir su control territorial.  

     - Continuar ataques contra civiles acusados de apoyar al ELN?  

 

3. Epicentro del conflicto:  

   - ¿Qué medidas concretas tomará el Gobierno para evitar que la zona, ubicada en medio del enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33, aumente la vulnerabilidad de las comunidades?  

 

Llamado a la prudencia  

 

La defensora Iris Marín Ortiz enfatizó que, aunque apoyan la paz, las decisiones deben priorizar la seguridad de los civiles:  

"No podemos permitir que una medida pensada para desescalar el conflicto termine agravándolo. El Estado debe garantizar que no se fortalezcan dinámicas de guerra ni se exponga más a la población".  

 

Mientras el Gobierno delibera, organizaciones sociales en El Catatumbo reportan desplazamientos forzados y enfrentamientos recurrentes, lo que subraya la urgencia de una solución que no alimente la violencia.  

 

 

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