Luego de años de gestiones y reivindicaciones por parte de mujeres activistas del departamento, la Casa Refugio de Casanare comenzará a hacerse realidad. El gobernador César Ortiz Zorro y la gestora social Diana Soler anunciaron la entrega formal del inmueble por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante un contrato de comodato, para crear un espacio destinado a proteger, atender y acompañar a mujeres víctimas de violencias basadas en género que se encuentran en riesgo de feminicidio, así como a sus familias.
La iniciativa responde al mandato de las Leyes 1257 de 2008 (por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres) y la reciente Ley 2215 de 2025, que fortalecen la obligación del Estado de garantizar entornos seguros y refugios para víctimas. No obstante, su concreción no hubiera sido posible sin la persistente presión de colectivos de mujeres y defensoras de derechos humanos en Casanare, quienes durante años denunciaron la desprotección estatal y exigieron una respuesta integral para las víctimas.
“Queremos anunciar con gran alegría que tenemos en nuestras manos la resolución de la SAE, la cual adjudica un bien inmueble para la Casa Refugio que protegerá a las mujeres del departamento”, expresó el gobernador Zorro. La casa será la primera en Casanare y la sexta de su tipo en Colombia.
La urgencia del proyecto se sostiene en datos que ubican a Casanare en una situación crítica. Actualmente, el departamento es catalogado como el tercero con mayor tasa de violencia de género y el cuarto en feminicidios a nivel nacional. Las mujeres en la región viven permanentemente expuestas a entornos de agresión, inseguridad y riesgo, lo que ha encendido las alarmas tanto de organismos de control como de organizaciones civiles.
“Tristemente, Casanare está entre los cinco departamentos con mayores índices de violencia de género, por eso estamos tomando acciones. La SAE nos entrega el inmueble para proteger a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en riesgo de feminicidio. Este inmueble ya es de las mujeres”, manifestó Diana Soler, gestora social, quien destacó que el proyecto tomó cerca de un año de articulación institucional, pero que responde a una demanda histórica de la sociedad civil.
La Casa Refugio no se limitará a ser un albergue temporal. De acuerdo con lo anunciado por la Gobernación, el espacio ofrecerá hospedaje, alimentación, kits de aseo, atención psicosocial, asesoría jurídica y protección especializada. Además, se contemplan programas de formación educativa, aprendizaje de oficios y creación de unidades productivas para reducir la dependencia económica de las mujeres frente a sus agresores.
La secretaria de la Mujer, Adriana Alfonso, explicó que se implementará un plan piloto y se conformará un comité encargado de definir los criterios de priorización y caracterización de las beneficiarias. También se destinarán 1.500 millones de pesos para adecuar y dotar el inmueble, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y acogedoras.
Para activistas y defensoras de derechos humanos en Casanare, la materialización de esta casa refugio representa un avance significativo, aunque no el fin de la lucha. Durante años, organizaciones de mujeres advirtieron que la ausencia de estos espacios dejaba a las víctimas en situación de calle o forzadas a permanecer con sus agresores por falta de alternativas. La nueva infraestructura busca precisamente romper ese ciclo: que termine la violencia y empiece la esperanza, como lo resumió el gobernador.
Con esta medida, Casanare intenta saldar parte de una deuda histórica con sus mujeres, aunque el reto sigue siendo mayúsculo: frenar el avance de las cifras y garantizar que ninguna mujer vuelva a sentirse sola frente al peligro.
