En una operación que combina justicia social y lucha contra el crimen organizado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó cinco predios rurales en los municipios de Tauramena y Villanueva, Casanare, que permanecían indebidamente ocupados o bajo investigación por extinción de dominio debido a sus vínculos con estructuras narcoparamilitares y redes de testaferrato.
Se trata de 1.330 hectáreas que durante décadas estuvieron en manos de particulares sin título legal y que ahora pasan a disposición del Estado. El objetivo, enmarcado en la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, es adjudicar estas tierras a comunidades campesinas, con prioridad para población víctima del conflicto, campesinos sin tierra y mujeres rurales.
Entre los bienes recuperados se encuentra La Suelta, un predio de 639 hectáreas ubicado en la vereda El Guiro, jurisdicción de Tauramena. Según investigaciones judiciales, esta tierra habría pertenecido a Óscar Pachón Rozo, alias 'Puntilla', señalado como el heredero de las rutas del narcotráfico en los Llanos Orientales tras la captura de Daniel 'El Loco' Barrera.
Otros dos predios, Los Morichales (550 hectáreas) y Los Morichales II (63 hectáreas), localizados en Villanueva, estarían relacionados con Dago Enrique Rodríguez Bejarano, narcotraficante extraditado a Estados Unidos y acusado de despojo de tierras. Estos bienes fueron administrados irregularmente por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, y su depositario, Luis Fernando Rojas Cañón, ya fue imputado por entregas ilegales de bienes incautados al narcotráfico.
En la lista también figura La Palmita I, de 30 hectáreas, en la vereda Mata Suelta (Villanueva), cuyo historial de propiedad incluye a Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal condenado por urbanización ilegal y lavado de activos. Torres habría parcelado y vendido lotes en terrenos incautados sin contar con licencias urbanísticas ni ambientales.
Finalmente, el predio La Laguna, de 48 hectáreas, en la vereda Tacuya (Tauramena), fue objeto de medidas cautelares por el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Tres de sus anteriores propietarios están incluidos en el Registro Único de Víctimas, lo que evidencia las dinámicas de despojo y abandono forzado que vivió la región.
Municipios como Tauramena y Villanueva fueron durante años corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios de dominio de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare. Grandes fincas ganaderas sirvieron como fachada para el lavado de activos, el control territorial y la logística de estructuras armadas.
Las autoridades han identificado un patrón recurrente: bienes incautados que, mediante testaferrato y transferencias sucesivas, permanecían bajo explotación privada simulando ventas legales, hasta que finalmente eran recuperados vía extinción de dominio.
Con estas recuperaciones, la ANT busca garantizar que las tierras cumplan su función social. "Las diligencias de aprehensión material y recuperación de predios del Fondo de Reparación de Víctimas y de la Sociedad de Activos Especiales son realizadas acorde con los compromisos que tenemos con este departamento", señaló Óscar Osorio, asesor de Despacho de Dirección de la ANT.
"Recuperamos estos predios para nuestros campesinos, personas que llevan mucho tiempo esperando ser dueños de la tierra", agregó Osorio, al explicar que ahora se avanzará en la caracterización de las familias beneficiarias.
