La controversia por la actualización catastral urbana en Yopal, que ha generado indignación entre los ciudadanos debido al incremento desproporcionado en los avalúos de sus predios, ahora podría extenderse al sector rural. Mientras los habitantes aún exigen respuestas y ajustes a las valoraciones urbanas, CATASIG anunció planes para avanzar con la actualización catastral rural, lo que ha encendido nuevas alarmas en la comunidad.
Durante una entrevista en Manantial Noticias, el concejal Leonardo Infante detalló los problemas que ha enfrentado Yopal tras la última actualización catastral urbana, la cual multiplicó el valor de predios que llevaban más de 15 años sin revisión. Casos como lotes que pasaron de mil millones a cinco mil millones de pesos, o propiedades en el centro y la periferia con valores similares, han generado desconfianza en la metodología aplicada.
A pesar de las jornadas de socialización y reclamos presentados ante Catasig, muchos ciudadanos siguen sin obtener respuestas claras. "Algo falló en la fórmula de zonas homogéneas", insistió Infante, señalando que la falta de transparencia en los cálculos ha dejado a los contribuyentes en incertidumbre sobre cómo se determinaron los nuevos valores.
Nueva preocupación: el avalúo rural
Mientras el conflicto urbano sigue sin resolverse, Catasig ya prepara una actualización catastral rural que, según el concejal, podría costarle al municipio entre 17 mil y 18 mil millones de pesos. Este proyecto busca corregir rezagos en el campo, pero preocupa que se repitan los mismos errores que en la zona urbana, donde muchos ciudadanos consideran que los avalúos no reflejan la realidad del mercado.
Infante advirtió que, de aplicarse una metodología similar a la urbana, el impacto en los propietarios rurales podría ser devastador. "Si en la ciudad hubo inconsistencias, ¿qué garantías hay para el campo?", cuestionó. Además, señaló que algunos corregimientos ni siquiera están incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (desde 2013), lo que podría dejar fuera a comunidades enteras o generar valoraciones desactualizadas.
Frente a esta situación, el Concejo Municipal analiza reforzar la acción popular interpuesta en meses anteriores con una medida cautelar urgente para frenar el avalúo rural hasta que se aclaren las irregularidades del proceso urbano.
Por ahora, la ciudadanía exige mayor claridad y participación en el proceso. "No estamos en contra de la actualización, pero debe hacerse con transparencia y justicia", afirmó Infante, quien pidió al IGAC y a Catasic rectificar los errores antes de extender el problema al sector rural.
