Con el objetivo de avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, Casanare realizó el primer Comité de Justicia Transicional del año, liderado por el gobernador César Ortiz Zorro. El evento, desarrollado en el auditorio de la Corporación Universitaria Remington, reunió a instituciones nacionales, autoridades locales y representantes de las mesas de víctimas para coordinar acciones concretas en materia de atención, protección y garantía de derechos.

Durante el encuentro, se destacó la indemnización de 130 víctimas, con una inversión superior a 1.127 millones de pesos, gestionada por la Gobernación. De estas, 96 fueron notificadas en Yopal, donde además recibieron orientación en educación financiera y acceso a subsidios de vivienda y educación superior, como parte de su proceso de reparación.
Compromisos acordados
Entre los avances anunciados, se confirmó la presentación, el próximo 2 de mayo, del cronograma para la adjudicación de tierras a víctimas desplazadas del Cesar, en el municipio de Maní. Asimismo, se creará una mesa de alto nivel —con participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad para las Víctimas y la SAE— para revisar casos pendientes de retorno, reubicación y entrega de predios, priorizando a las víctimas de Casanare.
Otro hito importante será la inauguración del punto de atención de la JEP en el departamento, prevista para el 23 de abril, lo que facilitará el acceso a mecanismos de justicia transicional. Además, el 22 de abril se evaluará la viabilidad financiera para fortalecer los puntos de atención en Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.

Apoyo institucional y seguridad
El gobernador Ortiz Zorro resaltó el trabajo articulado con las entidades y la comunidad: “La vuelta a la agroindustria es clave para que las víctimas tengan oportunidades de rehacer sus vidas”. Por su parte, Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, reiteró el compromiso con el bienestar y la reconstrucción social de esta población.
El Comité también contó con la presencia de representantes de la Policía y el Ejército, quienes presentaron informes sobre las medidas de seguridad para garantizar los derechos de las víctimas.
Con estas acciones, Casanare reafirma su compromiso con la paz y la reparación, avanzando hacia la reconciliación y el desarrollo territorial.