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Gigantesca ofensiva interinstitucional contra la extorsión y el secuestro

En una acción investigativa y operativa conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares fueron capturadas 234 personas.

La estrategia de la Fiscalía General de la Nación de priorizar de los delitos que afectan la tranquilidad y la convivencia de los ciudadanos, y las acciones investigativas definidas para contrarrestar el actuar de las organizaciones delincuenciales durante la pandemia, permitieron culminar con éxito la primera fase de una gran ofensiva judicial contra el secuestro y la extorsión en todas sus modalidades.

Gracias a los análisis realizados sobre el comportamiento de este delito en las regiones, la Fiscalía, la Policía Nacional a través del Gaula, y las Fuerzas Militares, articularon esfuerzos y focalizaron sus labores en los municipios más afectados por estos dos delitos.

En los últimos meses se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 3 ciudades capitales Bogotá, Medellín y Cali, y en 23 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundanamarca, La Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, y Valle del Cauca.

En el mes que termina, se obtuvieron los avances más significativos, destacándose los siguientes casos:

SUCRE: “Clan del Golfo”

Con la coordinación de una Fiscalía Especializada de Sincelejo, investigadores del Gaula realizaron diligencias de allanamiento y registro en las que fueron capturados 18 presuntos integrantes del ala armada y financiera de la subestructura Héroes del Caribe del ‘Clan del Golfo’, con injerencia en las subregiones de La Sabana y Golfo de Morrosquillo.

El material probatorio da cuenta de que la organización criminal, inicialmente, visitó fincas. Luego, convocó reuniones con los administradores o dueños de los predios, y les exigió un millón de pesos a cada uno para dejarlos trabajar en las labores propias del campo.  Después del primer pago las víctimas recibieron un número telefónico al que debían girar el dinero mensualmente.

Esta estructura también habría hecho exigencias económicas a ganaderos, comerciantes y agricultores, que oscilaban entre 1 y 20 millones de pesos.

En los procedimientos judiciales fueron detenidos cuatro señalados cabecillas. Uno de ellos es alias Pito Ronco, jefe principal de esta organización en Sincelejo, Sampués y Corozal. Esta persona habría ordenado 24 homicidios ejecutados en el último año.

MAGDALENA: ‘Los Pachenca’ o ‘Conquistadores de la Sierra’

En diferentes diligencias judiciales fueron capturados 17 supuestos integrantes de la mencionada estructura criminal, dedicada al tráfico de estupefacientes, los homicidios selectivos, y el cobro de extorsiones a comerciantes en Magdalena, Cesar y La Guajira.

Los testimonios obtenidos de las victimas permitieron conocer que esta red delincuencial contactaba a las personas que vendían tierras o bienes, y les pedían el 10% de cada negocio que realizaban. Asimismo, a los comerciantes y empresarios de la región les fijaron cuotas mensuales para no atentar contra sus establecimientos o propiedades.

Otra de las modalidades detectadas consistía en retener ciudadanos con capacidad económica y, mediante coacción, presionarlos a pagar y asumir deudas con terceros.

Entre los capturados de este grupo criminal está Jefferson García Arévalo, alias Checheo, quien asumió el control de ‘Los Pachenca’ tras la muerte de Deimer Patiño Giraldo, alias Ochenta, en una operación realizada el pasado 16 de junio de 2020.

Los 17 detenidos enfrentan cargos por los delitos de: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; extorsión agravada; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal; y lavado de activos.

BOLÍVAR: subestructura José Luis Solano Sepúlveda del Frente de Guerra Darío

Castro Ramírez del ELN 

En distinto procedimientos judiciales fueron capturadas 17 personas que harían parte de la citada estructura. Se les atribuye realizar llamadas amenazantes y extorsivas a los habitantes y empresas mineras de municipios del sur de Bolívar. Dentro de los detenidos se encuentra Dairys Palomino Salas, alias Picho Palomino, cabecilla de zona en Barranco de Loba (Bolívar).

Esta subestructura sería la responsable de pedir sumas de dinero a los ganaderos, mineros y comerciantes. Las exigencias eran de 5 y 10 mil pesos por cada semoviente que tuvieran en sus predios, y entre el 10 y 15% por la producción minera en los entables.

CALI: impactada organización delictiva ‘Palmas’ o ‘Haitianos’ Fase II

En 30 diligencias de allanamiento y registro fueron capturados 14 integrantes de la citada organización y aprehendidos 6 menores de edad, quienes estarían involucrados en extorsiones a los habitantes y comerciantes del sector Comuneros ll, en Cali.

Los cobros ilícitos los hacían diariamente de forma presencial. Por vivienda pedían 45 mil pesos y por establecimiento comercial entre 50 y 80 mil pesos. A las víctimas que cumplían con las cuotas les entregaban un recibo o constancia que confirmaba el pago, y a quienes no entregaban el dinero les marcaban las puertas de las casas con letreros amenazantes, les dejaban panfletos o los intimidaban con armas de fuego.

La organización delictiva ‘Palmas’ o ‘Haitianos’ estaría vinculada a dos homicidios, dos casos de desplazamiento forzado y un atentado terrorista contra una patrulla de la Policía Nacional, en hechos ocurridos el pasado 28 de mayo 2020.

Los detenidos son procesados por extorsión, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, terrorismo, lesiones personales, hurto calificado, desplazamiento forzado, y tráfico de estupefacientes.

VALLE DEL CAUCA: impactada organización delictiva ‘Los Mellos’.

Tres señalados integrantes de esta organización fueron capturados por la extorsión, venta de estupefacientes y hurtos en el barrio Pueblo Nuevo de Buenaventura.

La investigación inició con la denuncia de una empresa afectada por las presiones y exigencias económicas a sus transportadores, quienes eran interceptados por hombres armados que les pedían 500 mil pesos a cambio de llegar cumplir con las entregas de alimentos. A los empleados los amenazaban con afectar su integridad, quemarles los camiones o robarles las pertenencias.

Las exigencias económicas oscilaban entre 50 mil y 200 mil pesos.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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