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Cae ciudadana extranjera pedida en extradición por hacer parte de red de pornografía infantil

A disposición del Fiscal General de la Nación quedó la ciudadana venezolana Moraima Escarlet Vásquez Flores, retenida con fundamento en una notificación roja de Interpol solicitada por Estados Unidos de América, que la requiere por conductas relacionadas con pornografía infantil.

Esta mujer fue ubicada gracias al trabajo investigativo articulado de las autoridades colombianas y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations –  HSI), en un inmueble del barrio Belén, en Medellín (Antioquia).

Durante la diligencia, investigadores de la Dijin de la Policía Nacional encontraron a tres menores de edad, a quienes les fueron restablecidos sus derechos. De igual manera, se incautaron de información electrónica y otros elementos de prueba que serán valorados.

Las investigaciones de la justicia estadounidense dan cuenta de que Vásquez Flores sería una ficha relevante en una red internacional dedicada a la producción, comercialización y distribución de videos de tortura, pornografía y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes; adultos y animales.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de abril de 2019. La ciudadana extranjera, en compañía de otra persona, habría secuestrado y sometido a vejámenes a menores de edad. Los actos ilícitos, al parecer, fueron grabados y los videos vendidos por 600 dólares. De igual manera, se le señala de maltratar y asesinar a un hombre. Por el registro audiovisual de lo ocurrido con esta víctima, supuestamente, cobró cerca de 4.000 dólares.

En ese sentido, una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Vermont requiere a Moraima Escarlet Vásquez Flores por los delitos de conspirar para secuestrar y asesinar a una persona en un país extranjero, conspirar para reproducir pornografía infantil, producción y desarrollo de pornografía infantil, y recepción y manejo de pornografía infantil. Estos cargos tienen penas de mínimo 20 años de prisión en la jurisdicción estadounidense.

La retención de esta persona fue comunicada a la Embajada de los Estados Unidos de América, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se surta el correspondiente trámite del pedido de extradición.

Este resultado es posible gracias a los lineamientos de cooperación y asistencia judicial definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su Direccionamiento Estratégico 2020 -2023.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

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